Marbella, 2 de octubre de 2014.- La presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Margarita del Cid, ha informado hoy de un escrito de la Junta de Andalucía en el que se avala el proceso que ha seguido el equipo de gobierno para llevar a cabo la modificación estatutaria y en el que también se advierte de que el hecho de haber adoptado un criterio distinto, tal y como pedía la oposición, podría haber supuesto incurrir en una ilegalidad.
“No lo digo yo, ni la Mancomunidad, ni la Diputación, lo dice la Junta de Andalucía, de acuerdo a la Ley”, ha subrayado Del Cid en una rueda de prensa en la Mancomunidad en la que ha estado acompañada por todos los miembros del equipo de gobierno de la institución.
En concreto, el escrito emitido por la Junta de Andalucía al respecto se produce a raíz de la petición de amparo por parte del Ayuntamiento de Casares, tras la aprobación definitiva de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad en la última comisión Gestora, al considerar esta corporación que no se había hecho conforme a la legalidad.
“En tan solo tres días, la Consejería de Administración Local ha contestado al Ayuntamiento de Casares, y ha dejado muy claro que su criterio en cuanto a este procedimiento es el mismo que ha seguido el equipo de gobierno”, ha explicado la presidenta.
De esta forma, en primer lugar el escrito dice que los dos informes que generaron controversia en cuanto al proceso de aprobación –por un lado, el secretario de la Mancomunidad decía que hacía falta la ratificación de los plenos de los ayuntamientos mancomunados, mientras que los servicios jurídicos de la Diputación decían que no hacía falta- se encuentran argumentados en derecho, por lo que al no ser vinculantes, corresponde a la Comisión Gestora resolver el asunto, tal y como se hizo.
En segundo lugar, el documento recoge que en el artículo 74.2 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía se establece que la aprobación de la modificación corresponde al órgano de representación provincial, previa consulta a la Diputación Provincial, para que emita informe, punto que también se cumplió.
En tercer lugar, la Junta recuerda que el proceso de modificación recogido en los antiguos estatutos remitía a una normativa extinta en 1986 y en ningún caso recogía de forma clara la necesidad de ratificar el cambio a través de los plenos de los ayuntamientos de la comarca.
Llegado a este punto, el escrito citado concluye que al no recoger claramente esa premisa y al venir la modificación motivada por la obligada adaptación a la Ley, es al pleno de la Mancomunidad al que le corresponde la aprobación definitiva del cambio de los estatutos. “Este organismo y ningún otro, y así se hizo”, ha añadido la presidenta.
“Lo único que hemos hecho desde un primer momento es actuar conforme a la Ley, tal y como reconoce la propia Junta de Andalucía”, ha señalado del Cid, que ha aludido a la última parte del escrito en el que se advierte de que adoptar un criterio distinto de aprobación llevaría a que pudiera imposibilitarse el cumplimiento de la Ley.
“O dicho de otra forma, podríamos haber incurrido en una ilegalidad si hubiésemos actuado de cualquier otra manera, tal y como nos pedía precisamente la oposición”, ha recalcado.
Por último, Del Cid ha celebrado que la Mancomunidad cuente ya con “unos estatutos modernos, adaptados a sus necesidades y competencias y a su espíritu de servicio a los ciudadanos de esta comarca, algo que hemos hecho conforme a la Ley, la única opción válida para este equipo de gobierno”.
La Mancomunidad remitirá al resto de ayuntamientos mancomunados este escrito, que actualmente solo ha sido enviado por parte de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Casares, en respuesta a su solicitud de amparo, y a esta institución por referirse el asunto a su funcionamiento.
